14/04/2024

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La AFIP hizo ms de 350 pedidos de datos fiscales a Uruguay en 10 aos de vigencia del tratado de intercambio

Entre la espada y la pared —por el riesgo de recibir sanciones econmicas si no colaboraba en el combate a la evasin fiscal internacional y el temor a que hubiera una fuga de capitales argentinos—, Uruguay acept negociar un convenio de intercambio de informacin con Argentina.

El texto se firm el 23 de abril de 2012, y tras su ratificacin por parte de ambos Congresos, entr en vigor el 7 de febrero de 2013. Se cumplen 10 aos de eso.

Por la obvia razn de que las inversiones argentinas en Uruguay —en propiedades inmobiliarias, campos, depsitos y otros activos— superan a las uruguayas radicadas en la Argentina debido a razones de escala e incentivos, el uso del tratado ha sido desigual.

Desde 2013 y hasta fin de enero pasado, la Administracin Federal de Ingresos Pblicos (AFIP) canaliz un total de 358 solicitudes a la Direccin General Impositiva (DGI) oriental. La informacin fue denegada en al menos 138 casos.

Por su lado, la oficina recaudadora uruguaya curs solo siete solicitudes a la AFIP, la ms reciente el ltimo enero.

Esas estadsticas sobre el uso de este acuerdo para prestarse «asistencia mutua» intercambiando informacin que resulte «previsiblemente relevante para la administracin y aplicacin» de los impuestos de cada pas fueron entregadas por la DGI al amparo de una ley de transparencia gubernamental vigente en Uruguay.

Si bien el anuncio de la negociacin del convenio y su firma generaron en su momento inquietud entre los argentinos con intereses econmicos en Uruguay, el temor se fue disipando una vez que qued claro que la AFIP no abusara de los pedidos de informacin. La serie de la DGI muestra que recibi 39 en 2013, 27 en 2014, 79 al ao siguiente, 94 en 2016 y 22 en 2017. Luego, la cantidad baj a menos de 20 anuales.

En aos ms recientes, otra vez con el kirchnerismo en el poder y con un nmero creciente de argentinos que tramitaron su residencia fiscal en Uruguay -atrados por flexibilizaciones en los requisitos aprobadas por el gobierno de Luis Lacalle Pou-, repuntla cantidad de solicitudes de datos desde la AFIP a la DGI: fueron 29 en 2021 y 23 en 2022. En enero de 2023 hubo una.

La mayor parte de los casos indagados por la AFIP para los que busc colaboracin con datos de Uruguay involucraron a personas fsicas.

Danilo Astori: «Error maysculo»

Uruguay firm a regaadientes el convenio con el Gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner. En 2009, Danilo Astori, el ministro de Economa uruguayo sostena que negociarlo «sera un error maysculo desde el punto de vista de la presencia de capitales argentinos, sobre todo en zonas como Punta del Este, que experimentaran una corrida importante».

Pero la postura cambi al intensificarse la presin desde pases agrupados en el G20 y la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE), que hicieron campaa contra la opacidad fiscal que daba, por ejemplo, el secreto bancario uruguayo. A comienzo de la dcada de 2010 cerca del 20% de los depsitos en la plaza financiera oriental pertenecan a no residentes argentinos.

De esa forma, Uruguay ampli su red de acuerdos, que hasta entonces solo tena con Alemania y Hungra.

El ex ministro de Econom
El ex ministro de Economa de Uruguay, Danilo Astori, con Pepe Mujica

Actualmente superan la treintena, sumando los que buscan evitar la doble tributacin y los que tienen el propsito de intercambiar datos que ayuden a las administraciones tributarias de los firmantes a investigar casos especficos de evasin y fraude fiscal. Los ltimos que entraron en vigor fueron los suscritos en 2021 con Colombia y Japn.

El ms activo es el negociado con la Argentina: desde 2013 hasta el cierre de enero pasado dos de cada tres de todos los pedidos recibidos por la DGI uruguaya (358 en 533) al amparo de estos convenios tuvieron como origen el organismo que hoy encabeza Carlos Castagneto.

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Uruguay tuvo rcord de reportes sospechosos de lavado de activos en 2022

El nmero de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de lavado de activos y financiamiento del terrorismo presentados en Uruguay durante el ao pasado aument a 843, desde los 816 de 2021, y fue un mximo histrico.

La amplia mayora (776) fueron informes sobre indicios de transacciones para el blanqueo de activos surgidos de bancos, asesores de inversin, casas cambiarias y otras entidades financieras, mientras que 67 correspondieron al sector no financiero, segn estadsticas de la Unidad de Informacin y Anlisis Financiero (UIAF), la oficina de prevencin y combate al blanqueo que acta en la rbita del Banco Central del Uruguay.

El relativamente bajo nmero de ROS en particular de operadores inmobiliarios y escribanos es una preocupacin para las autoridades uruguayas, porque entienden que son escasos dado el alto riesgo que presenta el mercado de propiedades para este tipo de delitos. Los ROS son un insumo para la investigacin de los casos de presunto lavado de activos o financiamiento del terrorismo que, un conjunto de agentes, estn obligados a enviar a la UIAF.

Esos informes deben tener un anlisis con suficiente profundidad como para confirmar los elementos inusuales o sospechosos de las transacciones econmicas en cuestin; tambin se requiere que contengan datos detallados sobre la operacin y la persona o empresa involucrada. Uruguay tiene desde 2017 una «ley integral contra el lavado de activos» que actualiz normas previas.

El ao pasado el pas empez una nueva «evaluacin nacional de riesgos» que es liderada por la llamada «Secretara Antilavado». Esa tarea continuar en 2023 y culminar con la elaboracin de un documento con conclusiones y actualizaciones a la Estrategia Nacional orientadas a mitigar los riesgos frente a estos delitos.



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